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NARCOTRÁFICO: LOS RIESGOS DE LA LUCHA MILITAR

Publicado el 05/02/2014

Por Alberto Föhrig

En la Argentina no hay políticas de Estado”, suele escucharse con frecuencia en el debate público. Sin embargo, una de las políticas de Estado que existió en la Argentina en los últimos 30 años de manera ininterrumpida fue que los militares no participaban en cuestiones de seguridad interna.

Esta política de Estado parece estar llegando a su fin: desde hace algunos meses militares participan del operativo Fortín II contra el narcotráfico en las provincias del norte del país.

¿Cuáles son los riesgos de la participación de militares en el combate contra el narcotráfico? Muchos países tienen problemas de narcotráfico dentro de sus fronteras y sólo un puñado de ellos usa las fuerzas armadas para enfrentarlo. La razón de ello es que el empleo de militares para tareas para las que no están preparados entraña significativos riesgos y no parece aportar soluciones duraderas.

Las fuerzas armadas están formadas para el combate; sin embargo, para abordar el problema del narco hay que llevar adelante una gran cantidad de políticas simultáneas que poco tienen que ver con el combate: hacen falta políticas sociales y de empleo para sectores vulnerables, políticas urbanas para reconvertir barrios de emergencia, políticas impositivas que no generen blanqueos de capitales cada par de años, políticas de lavado de dinero, políticas educativas, políticas de tratamiento de adicciones, políticas de colaboración activa en materia de inteligencia con terceros países y muchas otras.

Sin embargo, la razón por la cual se recurre al atajo de los militares es sencilla: ante fuerzas policiales y de seguridad que no pueden dar cuenta de la violencia que se registra en determinadas zonas, las FF.AA. aparecen como “último recurso” para paliar la situación. Esta es una justificación similar a la que legitimaba los golpes de Estado en el pasado.

El principal problema de este razonamiento es que su resultado es exactamente el inverso: la intervención violenta –de combate- por parte del Estado genera en sus contrapartes mucha mayor violencia. Para el caso mexicano se demostró que en aquellas zonas donde el Estado había empleado en mayor medida la fuerza se produjo una espiral de violencia que generó muchas mayores víctimas que donde actuó por otros medios.

El resultado de la “guerra contra las drogas” en México en los últimos siete años es de 135.000 muertos: tres veces y media las víctimas de nuestra dictadura, cuyas secuelas seguimos sufriendo 35 años después.

El segundo problema que presenta esta estrategia es su sustentabilidad: las operaciones militares suelen producir resultados rápidos de disminución de violencia, pero esta situación no es sostenible en el tiempo. Para que la disminución de violencia sea duradera hay que implementar políticas como las reseñadas más arriba: económicas, sociales, impositivas, etc. A la inversa, cuanto mayor es la permanencia de actores en el terreno, crecen las posibilidades de corrupción y cooptación de militares por parte de las organizaciones del narcotráfico.

El tercer problema es su eficiencia: las guerras contra las drogas han dado malos resultados. Años después de la guerra contra las drogas en Colombia con el apoyo de Estados Unidos, dicho país sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. La iniciativa Mérida en México sólo ha dado como resultado un gran aumento de violencia y víctimas. Los carteles siguen operando y la captura de alguno de sus líderes divide a las organizaciones criminales produciendo núcleos más pequeños y violentos. Los carteles mexicanos operan hoy en 52 países del mundo.

Las intervenciones militares violentas dañan además a la población civil inocente y ajena a estas problemáticas.

Restañar las víctimas de daños colaterales de estas operaciones es extremadamente difícil y puede llevar décadas.

El cuarto y último es su adecuación a la realidad argentina. Las leyes de Defensa y Seguridad Interior fueron el fruto del consenso entre distintas fuerzas políticas.

No sería deseable ni eficiente que se vulnere ese consenso de manera unilateral. La Argentina sigue discutiendo y sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado y la violencia de los setenta. No parece un buen camino el abordar el problema del narcotráfico con una estrategia que nos lleve nuevamente a episodios de violencia que llevará décadas restañar.

vía :: ESCENARIOS ALTERNATIVOS ::.

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